La reciente promulgación de la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, marca un hito en la legislación laboral chilena al establecer un marco normativo robusto para la prevención y sanción del acoso y la violencia en el entorno laboral. Esta ley, que entra en vigencia el 1 de agosto de 2024, rinde homenaje a Karin Salgado, una funcionaria de la salud que trágicamente perdió la vida en 2019 debido al acoso laboral.
La Ley Karin no solo impone la obligación a las empresas de adoptar políticas y medidas preventivas contra el acoso y la violencia en el trabajo, sino que también establece protocolos específicos para la investigación y sanción de estas conductas. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la incorporación de la “perspectiva de género” en la interpretación de las normas laborales, un enfoque que busca garantizar la igualdad de trato y la erradicación de conductas discriminatorias en el entorno laboral.
Además, la ley refuerza la obligación de los empleadores de promover la salud mental y el bienestar de los trabajadores, lo cual incluye la implementación de estrategias para prevenir riesgos psicosociales. En este contexto, se requiere que las empresas desarrollen protocolos claros y efectivos para manejar situaciones de acoso y violencia, asegurando un ambiente de trabajo seguro y libre de tensiones que puedan afectar la dignidad y estabilidad de los empleados.
Otro aspecto crucial de la Ley Karin es la ampliación de la responsabilidad del empleador, quien ahora debe asegurarse de que todos los trabajadores, incluidos aquellos en la administración pública, disfruten de un entorno laboral respetuoso y libre de acoso. La normativa también fortalece el papel de la Dirección del Trabajo y de la Contraloría General de la República en la supervisión y aplicación de estas nuevas obligaciones, garantizando que las denuncias sean investigadas con rigor y que se tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas.
Esta legislación, que es un avance significativo en la protección de los derechos laborales en Chile, no solo tiene implicaciones para el cumplimiento normativo, sino que también plantea desafíos para las empresas en la adaptación de sus políticas internas y en la creación de una cultura organizacional que priorice el respeto y la seguridad de todos sus miembros.
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Fuente: isl.gob.cl
